Por Diego Garciarena (*)
El Presidente de la Nación vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad. No fue un error, ni una omisión. Fue una decisión política. Una que elige, una vez más, ajustar sobre los sectores más vulnerables.
La discapacidad no puede ser tratada como una variable de ajuste. No se trata de un “gasto” que el Estado puede eliminar sin consecuencias. Se trata de personas. De sus derechos. De su dignidad. De su posibilidad de acceder a terapias, a traslados, a una educación inclusiva, a cuidados que son esenciales para vivir con autonomía y respeto.
Vetar esta ley no es recortar privilegios. Es recortar derechos. Es recortar calidad de vida. Es dejar solos a miles de argentinos y argentinas que necesitan del Estado para sostener una vida digna.
Desde nuestro lugar, como legisladores, como militantes, como personas comprometidas con una sociedad más justa, no podemos mirar para otro lado. Hoy más que nunca debemos levantar la voz para decir con claridad: los derechos no se vetan, mucho menos los de los más vulnerables.
El rol de la política es ampliar derechos, no restringirlos. Es acompañar a quienes más lo necesitan, no darles la espalda. Por eso, seguiremos trabajando para que esta ley se reponga y se garantice una política pública de discapacidad con mirada integral, federal y humana.
Porque la dignidad no se negocia. Porque la discapacidad no puede ser invisibilizada. Porque la empatía también debe ser política de Estado.
(*) Diputado Provincial UCR + Cambio Federal